Legislar en caliente

Cuando se elabora -y promulga- una ley, ya sea para ordenar, permitir u obligar, es imprescindible que la norma se establezca con la idea de que permanezca en el tiempo, que contribuya a facilitar la convivencia y, en gran medida, evitar el abuso. Por supuesto las leyes deben servir para castigar delitos y, también, para prevenirlos. Si una ley permite -y faculta- a un funcionario público para reprimir delitos flagrantes, lo hace bajo el principio del bien común, de evitar males mayores y salvaguardar derechos fundamentales, como son la integridad física y la propia vida. Es decir, elaborar una ley no solo demanda conocimientos jurídicos, también requiere de sosiego, ponderación y reflexión compartida. La ley debe ser justa, no puede ni debe concebirse como herramienta coyuntural ni como forma de calmar estados de ánimo, por comprensibles que estos sean. Por eso la doctrina jurídica indica  con claridad que no se debe, como se dice coloquialmente, legislar en caliente. El peor momento para  decidir la gravedad de una condena es cuando el delito se acaba de cometer, las consecuencias han sido graves y se ha producido alarma social; en esas circunstancias se corre el riesgo de poner delante de la justicia “la necesidad” de calmar los ánimos, delante de la reparación y la prevención, la venganza.

El asesinato de un policía es un un hecho terrible, como lo es, por ejemplo, el asesinato de una mujer víctima de violencia de género. Ambos crímenes demandan justicia, que debe hacerse efectiva a través de leyes que persigan y condenen a los culpables. Y, por más abominables que sean ambos casos, no debe legislarse para “calmar los ánimos” o dando a entender que tuvieron que ocurrir esas muertes para que el legislador entendiera que los culpables deben ser perseguidos y condenados. De la misma manera que a nadie, en su sano y ponderado juicio, se le ocurriría proponer o dictar una ley dando facultades a las mujeres que sufren violencia machista para hacer justicia directamente, tampoco parece razonable reaccionar a los asesinatos de tres carabineros -como ha ocurrido en Chile- promulgando leyes que les permitan usar sus armas para hacer justicia. De lo contrario, se estaría fomentando que ante cualquier abuso o agravio, los legisladores crearan una ley ad hoc, que permitiera a la víctima hacer justicia por su propia mano.

Siendo un niño, mi padre nos contaba a mis hermanos y a mí una historia -probablemente inventada por él mismo-, que relataba que, en una ocasión, a un destacado juez, con una dilatada experiencia y bien ganada fama de hombre justo, le preguntó el padre de un niño que había sido asesinado brutalmente: “Si el niño asesinado salvajemente hubiera sido su hijo ¿no condenaría al asesino a muerte sin más trámites ni juicio?” A lo que el juez contestó: “No señor, yo intentaría matar al asesino con mis propias manos, porque mi dolor y mi odio serían más fuertes que la necesidad de ser justo. Pero eso estaría mal y por eso jamás una víctima debe ser el juez del victimario”.